VALENCIA | 16 de noviembre de 2026. La Policía Nacional ha detenido a seis padres y madres por, presuntamente, viajar a España con sus hijos adolescentes con visado de turista y dejarlos aquí para que fueran acogidos como menores extranjeros no acompañados. Los detenidos, cuatro hombres y dos mujeres de entre 39 y 56 años, están acusados de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal, según ha informado la Policía a EFE.
Los menores, de 16 y 17 años, proceden de países del Magreb. Según los investigadores, las familias querían que las administraciones españolas asumieran su tutela y su asistencia dentro del sistema de protección a la infancia.
Turistas que volvían sin sus hijos
El procedimiento era sencillo. Los adultos entraban en España por vía aérea junto a los menores y, en algunos casos, con el resto de la familia. Pasaban unos días en el país y regresaban a su lugar de origen, pero sin los adolescentes. Después, los jóvenes se presentaban en comisarías de la Policía Nacional o en cuarteles de la Guardia Civil asegurando que estaban desamparados, con la apariencia de haber llegado solos.
Las entradas se produjeron por los aeropuertos de Madrid-Barajas, Valencia, Málaga, Murcia y Barcelona-El Prat. Según recoge OKDiario a partir de la información policial, los menores procedían de familias con recursos económicos suficientes para cumplir los requisitos de un visado turístico.
- Entrada legal: padres e hijos llegan en avión con visado de turista.
- Unos días en España: a veces viaja toda la familia.
- Regreso: los adultos vuelven a su país; el adolescente se queda.
- Comisaría: el menor se presenta ante la Policía o la Guardia Civil y dice estar desamparado.
- Tutela pública: pasa al sistema de protección de menores.

Familiares con residencia legal en España
La investigación arrancó a principios de año. Agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, junto a sus compañeros de Alicante, detectaron coincidencias entre varios casos de adolescentes magrebíes que aparecían como no acompañados.
Al tirar del hilo, comprobaron que la mayoría de esos menores tenía familiares adultos que residían legalmente en España, en muchos casos de segundo o tercer grado. Según la Policía, esa red familiar podía facilitar su acogida una vez que el sistema público asumía su protección.
Detenidos en cuatro ciudades
Las detenciones se practicaron en Valencia, donde fueron arrestadas tres personas, y en Málaga, Melilla y el puesto fronterizo de Tarifa (Cádiz), donde se detuvo a las otras tres, según Infobae y The Objective. Todas han quedado a disposición judicial. Las acusaciones son, por ahora, provisionales, como subraya Infobae, y será el juzgado el que determine si existen indicios suficientes para mantenerlas contra cada uno de los detenidos. La Policía no ha precisado cuántos menores estaban implicados ni la nacionalidad concreta de los detenidos.

Un sistema bajo presión
El caso llega en plena saturación de los recursos de acogida de menores. En Ceuta, unos 3.700 menores no acompañados han sido identificados tras la entrada masiva de julio, y una ONG denuncia que más de 500 siguen viviendo en la calle. En Canarias, la llegada de cayucos a El Hierro ha obligado al Gobierno a acelerar los traslados y a modificar la Ley de Extranjería para repartir a los menores entre comunidades.
La presión sobre ese sistema es uno de los grandes debates de la campaña del 29N. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió este domingo en El Hierro la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que los menores puedan ser derivados a otras comunidades, según elDiario.es, y aseguró que casi un millar de jóvenes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla han sido reubicados ya en la península. Los gobiernos de Ceuta y Melilla, por su parte, reclaman que los menores sean devueltos a Marruecos para que se hagan cargo sus familias o su país de origen, algo que ONG como Coordinadora de Barrios solo aceptan con garantías legales y un estudio individual de cada caso.
La operación de la UCRIF de Valencia apunta en una dirección distinta a la de los grandes flujos por mar: no se trata de adolescentes que cruzaron una frontera de forma irregular, sino de jóvenes que entraron legalmente por un aeropuerto con sus padres. Es la propia condición de «no acompañado», según los investigadores, la que en estos casos era aparente.
Los medios que han recogido la operación, como El Periódico de Aquí, la describen como un presunto uso fraudulento del sistema de protección: adolescentes que entraron en el circuito como llegados solos cuando, según la Policía, habían viajado acompañados por sus padres.
Fuentes: Policía Nacional (vía EFE), Infobae, The Objective, OKDiario y HerQles.
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