Un trabajador de Gipuzkoa con una adicción al juego que arrastra desde hace más de diez años y una dependencia de la cocaína cobrará una pensión de 2.910,59 euros al mes, en 14 pagas. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado que tiene derecho a una incapacidad permanente absoluta, es decir, que no puede trabajar en ninguna profesión. Pero la decisión no ha sido unánime: el presidente de la Sala ha firmado un voto particular muy duro en contra.
Así lo ha publicado este martes El Diario Vasco, que ha tenido acceso a la sentencia.
2.910,59 €
al mes
14
pagas al año
100 %
de su base reguladora
16/10/2024
efectos económicos
De operario en una papelera a la incapacidad absoluta
El afectado trabajaba como operario en una papelera y ya tenía reconocida una incapacidad permanente total, la que impide ejercer la profesión habitual pero permite trabajar en otras. Con los años, según la sentencia, su situación fue a peor: la ludopatía no ha remitido, sigue consumiendo cocaína y sufre un trastorno depresivo crónico que ha acabado presentando síntomas psicóticos.
Fue el Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián el que le reconoció la incapacidad absoluta, con efectos desde el 16 de octubre de 2024 y una prestación del 100 % de una base reguladora de 2.910,59 euros. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recurrió, y ahora el TSJPV, en una sentencia del 30 de octubre, ha rechazado ese recurso y ha confirmado íntegramente el fallo.
Por qué cobra tanto
La cifra ha levantado una fuerte polémica en redes, pero tiene una explicación técnica. No se trata de una ayuda por ser adicto, sino de una pensión contributiva. La incapacidad permanente absoluta se paga con el 100 % de la base reguladora, que se calcula a partir de lo que el trabajador ha cotizado. En la incapacidad total, la que ya tenía, el porcentaje es menor. Por eso, al subir de grado, la pensión pasa a ser igual a su base reguladora completa.
La clave del caso, por tanto, no es la cantidad, sino si de verdad está incapacitado para cualquier trabajo. Y en eso es donde los magistrados no se han puesto de acuerdo.
Un cuadro que ha empeorado
Cuando le reconocieron la incapacidad total, el trabajador ya sufría ludopatía, dependencia de sustancias, una depresión moderada y una gran fragilidad emocional que le impedía avanzar en los programas de tratamiento. Pero los informes médicos aportados al juicio, según recoge la sentencia, describen un empeoramiento importante:
- Recaídas continuas en el juego y grandes dificultades para controlar los impulsos.
- Vuelve a consumir cocaína para intentar salir de los estados de tristeza y angustia.
- Su depresión se ha agravado y han aparecido síntomas psicóticos y un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad.
- Apatía, desconfianza, problemas de concentración y memoria y dificultad para tomar decisiones.
- Aislamiento social y necesidad de apoyo familiar constante para controlar su comportamiento.
Los peritos, según la resolución, no prevén que alcance una autonomía suficiente ni a medio ni a largo plazo. Actualmente toma antidepresivos, ansiolíticos y dos antipsicóticos, uno de ellos mediante inyecciones periódicas.
El INSS: «Ya tenía esas adicciones»
La Seguridad Social defendió en su recurso que no había ningún empeoramiento importante. Su argumento era que el trabajador ya tenía la ludopatía y la dependencia de la cocaína cuando se le reconoció la incapacidad total, así que no había motivo para subirle de grado.
El TSJPV no lo ha visto así. Admite que las dos adicciones ya existían, pero considera probado que el cuadro ha empeorado de forma progresiva y significativa, y pone como ejemplos la aparición de síntomas psicóticos y la necesidad de tratamiento antipsicótico. Los magistrados recuerdan que, para valorar una incapacidad, no basta con poner nombre a las enfermedades: hay que ver cómo afectan de verdad a la capacidad de trabajar.
LA MAYORÍA DE LA SALA
La suma de depresión crónica, ludopatía, cocaína, aislamiento extremo y problemas cognitivos y de conducta es incompatible con cualquier profesión. El trabajador no puede ofrecer el rendimiento, la dedicación y la regularidad mínimos que exige un empleo.
EL VOTO PARTICULAR
El presidente de la Sala cree que el trabajador conserva sus facultades mentales y que sus problemas de ánimo están ligados a sus propias conductas: recae en el juego y consume cocaína para aliviar el malestar que eso le causa.
«La Seguridad Social no está para sostener estas situaciones»
El voto particular es lo que ha disparado la polémica. Para el presidente de la Sala, no hay pruebas suficientes de que el trabajador no pueda desempeñar ninguna actividad. Sostiene que no se ha acreditado que haya perdido sus principales facultades mentales y que problemas como la apatía, la desesperanza, la inestabilidad emocional o la impulsividad no justifican por sí solos una incapacidad absoluta.
El magistrado cierra su escrito con una frase contundente. A su juicio, la sentencia declara incapacitado absoluto a alguien que no ha perdido sus facultades mentales y le reconoce 2.910,59 euros 14 veces al año, y conviene dejar claro que ni está incapacitado para todo trabajo ni «la Seguridad Social está para sostener económicamente estas situaciones».
«Ni se encuentra incapacitado para todo trabajo ni la Seguridad Social está para sostener económicamente estas situaciones»
— Voto particular del presidente de la Sala de lo Social del TSJPV
No es el primer caso
Los tribunales españoles ya han reconocido otras veces incapacidades por adicciones. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia concedió una incapacidad permanente total a un hombre de 43 años por su adicción a la cocaína, al alcohol y al juego, con una pensión de 1.791 euros, aunque le negó la absoluta. Y el de Canarias confirmó la incapacidad absoluta de un trabajador adicto a la cocaína con un cuadro ansioso-depresivo.
En todos estos casos, la discusión es la misma que divide ahora a los magistrados vascos: si una adicción es una enfermedad que puede incapacitar como cualquier otra, o si la Seguridad Social no debe cubrir situaciones que, como sostiene el voto particular, están ligadas a las propias conductas del trabajador.
Fuentes: El Diario Vasco, Infobae, The Objective.
