El Consulado de España en Caracas concedió la nacionalidad española a través de la llamada «ley de nietos» a descendientes de españoles que llegaron a Venezuela en 1882 y en 1929, años antes de la Guerra Civil. Así lo ha publicado este miércoles Libertad Digital, que asegura haber consultado parte de la documentación de esos expedientes, tramitados en 2023 y 2024.
Dos expedientes anteriores a la Guerra Civil
Según ese diario, en uno de los casos el expediente recoge la llegada a Venezuela de 305 personas procedentes de las Islas Canarias a bordo del bergantín-goleta español Juanito, el 11 de marzo de 1882. En el otro aparece un pasaporte español expedido en Caracas el 23 de abril de 1929, con fotografía y sello del Consulado de España, válido durante un año salvo renovación.
Libertad Digital sostiene que, en ambos casos, la presencia de esos antepasados en Venezuela es anterior a la Guerra Civil y, por tanto, no pudo deberse a una huida de la represión franquista. Por eso los califica de «falsos exiliados». El Consulado de Caracas no ha hecho declaraciones sobre estos casos, según el propio medio.

La llegada de canarios a Venezuela en el siglo XIX no es un caso aislado. Durante décadas, miles de isleños emigraron al país sudamericano por motivos económicos, en una corriente migratoria que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. Por eso existen en Venezuela numerosas familias con raíces canarias muy anteriores a la Guerra Civil, cuyos descendientes no encajarían, en principio, en el supuesto del exilio.
Qué vía se utilizó
Según Libertad Digital, la vía aplicada fue una instrucción de octubre de 2022 de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que el diario describe como una interpretación que amplió el acceso a la nacionalidad a cerca de 200.000 personas, muchas de ellas sin acreditar el exilio de sus antepasados.
El diario recuerda además un caso similar en Argentina: según su información, la entonces responsable del PSOE en el exterior habría admitido, días antes de las generales de 2023, que se concedían pasaportes sin acreditar el exilio. Se trata, en todo caso, de la versión publicada por ese medio.
Contexto: qué es la «ley de nietos»
La llamada «ley de nietos» es en realidad una disposición de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022. Su objetivo es reconocer la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que se exiliaron por motivos políticos, ideológicos o religiosos a partir de la Guerra Civil.
La norma incluye además otros supuestos. Entre ellos, según recogían los propios medios venezolanos cuando se abrió el plazo, el de los hijos y nietos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con un extranjero antes de la Constitución de 1978. La información publicada no detalla en virtud de qué supuesto concreto se tramitaron los dos expedientes de Caracas.
En Venezuela, el trámite se ha realizado de forma presencial en el Consulado General de Caracas, que cerró el plazo para pedir cita en octubre de 2025, aunque siguió tramitando los expedientes ya iniciados.

Por qué importa ahora: el voto del 29N
Estos casos salen a la luz en plena polémica sobre el voto de los nacionalizados. Según los datos aportados por Exteriores al Tribunal Supremo y recogidos por Libertad Digital y El Debate, de los 163.355 nacionalizados incluidos en la relación remitida al alto tribunal, solo 901 acreditaron documentalmente ser descendientes de exiliados.
En septiembre, el Supremo suspendió de forma cautelar el voto desde el extranjero de estos nacionalizados para las elecciones del 29 de noviembre. Después rechazó extender la suspensión a sus hijos, que podrán votar el 29N. Además, el alto tribunal estudia ahora la situación de más de 35.000 registros que no aparecen en el censo de residentes en el extranjero, como contamos en nuestra información sobre el censo.
Qué puede pasar después
Según Libertad Digital, Vox estudia impugnar las elecciones por este motivo. Por su parte, el Supremo dio a las partes de plazo hasta este jueves 19 de noviembre para presentar alegaciones sobre los registros sin ubicar en el censo, según publicó El Debate. Ni el Consulado de Caracas ni el Ministerio de Asuntos Exteriores se han pronunciado sobre los dos casos revelados.