La Policía Nacional ha detenido en València a los dos dueños de una empresa constructora y a la mujer de uno de ellos. Según los investigadores, usaban la documentación de trabajadores con los papeles en regla para poner a trabajar en las obras a al menos 83 extranjeros en situación irregular, sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y cobrando en negro.
Los tres arrestados son presuntos autores de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Levante-EMV, Última Hora y otros medios. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Todo empezó con una denuncia en Abastos
El caso arrancó en agosto del año pasado. Un ciudadano extranjero acudió a la Comisaría de Distrito de Abastos, en València, y denunció que había estado trabajando para una constructora sin contrato y sin estar dado de alta en la Seguridad Social.
Según su relato, le pagaban 6,50 euros la hora en dinero negro, y la empresa sabía perfectamente que no tenía permiso para trabajar en España. A partir de esa denuncia, los agentes empezaron a tirar del hilo.
Trabajadores legales «de pantalla»
La constructora se dedicaba a suministrar mano de obra a otras empresas del sector. Según la Policía, contrataba legalmente a personas con permiso de residencia y trabajo y luego utilizaba sus datos personales para identificar ante terceros a otros empleados que no tenían papeles.
Así, las contratistas recibían listas con la documentación de trabajadores dados de alta, pero quienes de verdad estaban en la obra eran otros. Las primeras pesquisas apuntan además a que a los afectados se les creaba un perfil falso para que pudieran desempeñar su trabajo.
Da de alta a trabajadores con permiso de residencia y trabajo.
Con esa documentación identifica a otros empleados sin papeles.
Las contratistas reciben los datos de personas dadas de alta.
Quien pone los ladrillos no tiene contrato ni alta y cobra en negro.
Los perjudicados, siempre según el comunicado policial, sufrían condiciones de precariedad, cobraban en negro y no tenían los derechos que sí disfrutaba el resto de la plantilla. Los detenidos, sostienen los investigadores, se aprovechaban de su situación administrativa y de su vulnerabilidad.
Al menos desde enero de 2024
En la investigación han trabajado los agentes de la UCRIF, la unidad contra las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de València, junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
El informe de la Inspección concluye que no se trataba de un caso aislado. La práctica se repetía en distintas obras y con distintos trabajadores, y funcionaba como un mecanismo organizado para saltarse la normativa laboral, la de Seguridad Social y la de extranjería al menos desde enero de 2024. Es ese informe el que cifra en un mínimo de 83 los trabajadores afectados.
Según recoge el diario digital Moncloa.com a partir de la información policial, la mayoría de los trabajadores se mostró reacia a declarar por miedo a perder el empleo o a sufrir represalias. La Inspección de Trabajo mantiene sus propias actuaciones al margen de la vía penal.
Lo que no se sabe todavía
La Policía no ha facilitado el nombre de la empresa ni la identidad de los detenidos, y tampoco ha detallado la nacionalidad de los trabajadores afectados. Por ahora no ha trascendido si los tres arrestados han pasado ya a disposición judicial ni qué medidas ha acordado el juzgado.
Tampoco se conoce cuántas empresas contratistas recibieron la documentación de los trabajadores con papeles ni si alguna de ellas sabía que, en realidad, en sus obras trabajaban otras personas. Son algunas de las cuestiones que la investigación, todavía abierta, deberá aclarar.
Un sector con antecedentes
No es la primera vez que la Policía Nacional destapa en la Comunidad Valenciana un caso de empleo irregular en la construcción. En lo que va de año, los agentes ya detuvieron en la provincia a otras tres personas, la administradora de una empresa del sector, su hijo y una trabajadora, por emplear a extranjeros sin papeles sin contrato ni alta en la Seguridad Social, según informó entonces El Periódic.
En este caso, además, la trama no solo afectaba a los trabajadores sin papeles: según la Policía, utilizaba la identidad de empleados que sí tenían su documentación en regla para cubrir a quienes de verdad estaban en la obra. Todos los detenidos gozan de la presunción de inocencia hasta que un juez se pronuncie.
