La presunta estafa de Caravanas Osito llega a los tribunales. Según publica Levante-EMV, un vecino de València ha presentado una querella por estafa contra la empresa después de haber pagado casi 127.000 euros por un vehículo. La querella se suma a las acciones legales que ya habían emprendido otros compradores en un caso que, según la plataforma de afectados, suma ya 79 familias que pagaron por una autocaravana, caravana o camper que nunca recibieron.
El grupo empresarial, con sede en la Pobla de Vallbona (Valencia) y establecimientos también en San Antonio de Benagéber y Córdoba, según Telecinco, cerró sus tiendas a finales de octubre. Desde entonces, los afectados aseguran que no logran contactar con la empresa por ningún medio.
Un agujero de más de cuatro millones
Según los datos recopilados por los propios compradores y publicados por Motorpasión, el dinero pagado por los afectados asciende a 4.440.919 euros. La cifra no ha dejado de crecer: a principios de noviembre, Telecinco hablaba de 54 familias y más de tres millones, y la portavoz de los afectados aseguraba que llegaban «dos o tres casos nuevos» cada día.
Los importes son muy elevados. Según Telecinco, los desembolsos van de los 50.000 a los 130.000 euros. Entre los afectados hay una vecina de Paterna que pagó 75.000 euros pensando en su jubilación, una familia que abonó 130.000 euros, personas que pidieron préstamos que ahora deben devolver sin tener el vehículo y una mujer de Palma de Mallorca que compró la autocaravana para vivir en ella.
Cobros hasta el último momento
Uno de los aspectos más graves que denuncian los afectados es que la empresa siguió cobrando hasta pocos días antes del cierre. Según Motorpasión, el 14 de octubre un comprador habría entregado 44.000 euros por una autocaravana, y los días 15 y 16 se firmaron nuevas reservas y contratos de campers con sus correspondientes pagos. El 22 de octubre apareció un cartel que anunciaba el cierre por inventario y, después, por vacaciones.
Según los afectados, la empresa pedía el 100 % del importe para que el vehículo pudiera salir de fábrica, con plazos de entrega de entre dos y seis meses. En algunos casos, siempre según su relato, reclamó cantidades adicionales a clientes que ya habían reservado alegando que los vehículos estaban «a punto de llegar». Muchas de las ventas se cerraron en ferias del sector, como la del Caravaning de Barcelona o la de Valencia.
Los fabricantes reclaman los vehículos
A la pérdida del dinero se suma otro problema. Según los afectados, las marcas les han respondido por escrito que las autocaravanas que hay en las instalaciones siguen siendo de su propiedad, porque Caravanas Osito nunca se las pagó, y que no enviarán la documentación hasta que alguien abone su precio. Los compradores replican que algunos de esos vehículos estaban configurados a su medida.
Mientras tanto, la página web de la empresa sigue activa, con vehículos a la venta, teléfonos de contacto e incluso una oferta de «liquidación final» de la flota de alquiler, según Motorpasión. Hay además una segunda plataforma de clientes que alquilaron vehículos y no han podido viajar o no han recuperado la fianza.
La Guardia Civil investiga
Las primeras denuncias se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona, según Telecinco, y el instituto armado ha confirmado que investiga el caso. Los afectados cuentan con el apoyo de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana y de AVACU, y varios despachos de abogados preparan acciones penales coordinadas.
Según explicó el secretario de la Unión de Consumidores, Francisco Rodríguez, las operaciones denunciadas rondan de media los 80.000 euros. Uno de los despachos que asesora a afectados, Soriano i Piqueras, ha anunciado que estudiará conjuntamente la documentación contractual, bancaria y mercantil para reconstruir el destino de los fondos, y recoge también casos de clientes que sí recibieron su autocaravana, pero sin la documentación necesaria para matricularla o circular con ella.
Por ahora, la empresa no ha dado ninguna explicación pública: ni Levante-EMV ni otros medios han obtenido respuesta. Serán la investigación y los tribunales quienes determinen si detrás de los impagos hay una estafa o una insolvencia empresarial. Para los afectados, la pregunta es la misma desde hace semanas: dónde está el dinero que pagaron.
