El Tribunal Supremo ha decidido este lunes que 189.678 personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de sus padres podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Son los hijos de los llamados «nietos», quienes se nacionalizaron gracias a la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida popularmente como «ley de nietos».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado así la petición de Vox y de la asociación Iustitia Europa, que querían extender a estos hijos la suspensión del voto que el propio Supremo ya aplicó en septiembre a sus padres. El auto, notificado en un día festivo en Madrid, cuenta con el voto particular en contra del magistrado Antonio Fonseca-Herrero, uno de los seis de la sección, y con un voto concurrente de una magistrada que apoya el resultado pero no todos sus argumentos.
Por qué votan los hijos y no los padres
La clave está en el calendario. Según recoge El Español, la mayoría del tribunal considera materialmente imposible sacar del censo a casi 190.000 personas a unos 20 días de las elecciones. Por eso no extiende la suspensión a los hijos, aunque los recurrentes alegaban que es una incoherencia: si el derecho de los padres está en duda, el de los hijos que obtuvieron la nacionalidad a través de ellos también debería estarlo.
Lo que el Supremo sí mantiene es la suspensión del voto de unos 163.000 «nietos», salvo que acrediten que sus antepasados fueron exiliados políticos. El tribunal rechazó también las alegaciones de varias asociaciones y particulares que pedían levantar esa suspensión.
El problema: el exilio se «presumía»
La Ley de Memoria Democrática permite obtener la nacionalidad a los descendientes de españoles que se exiliaron, pero exige probar ese exilio. Sin embargo, una Instrucción del Ministerio de Justicia ordenó a los consulados presumir que los antepasados habían sido exiliados políticos. El resultado, según los datos de la Abogacía del Estado que cita El Español: 163.355 personas se nacionalizaron gracias a esa presunción y solo 901 lo hicieron demostrando el exilio.
Solo en el consulado de Buenos Aires se nacionalizaron 17.775 personas, y el propio cónsul certificó que «ningún expediente incluyó prueba de exilio».
«Ningún expediente incluyó prueba de exilio»
— Certificado del consulado de España en Buenos Aires
Para el Supremo, la Instrucción no parece ajustarse a la ley que debía interpretar. El tribunal habla de indicios de «irregularidades de gran relevancia» en el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA), que aprecia «de modo cada vez más intenso», y de un «peligro fundado, real y serio» de que el censo electoral se vea alterado. Esas nacionalizaciones, dice, podrían afectar «no sólo a la limpieza y transparencia» del proceso, sino también a su resultado.
Por eso concluye que el interés general en un censo sin irregularidades está por encima del derecho individual al voto de quienes se inscribieron gracias a la Instrucción.
La batalla judicial viene de lejos. El 7 de septiembre se celebró la vista sobre las medidas cautelares y el 10 de septiembre el Supremo suspendió de forma provisional el voto de los «nietos». Desde entonces, asociaciones y particulares han intentado revertir esa decisión, mientras Vox pedía ir más allá. El auto de este lunes cierra, de momento, la puerta a cualquier cambio antes de las elecciones.
Qué pidió cada uno
Vox e Iustitia Europa recurrieron la negativa de la Junta Electoral Central a depurar el CERA y pidieron extender la suspensión a los hijos. La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, se opuso a sus peticiones por no ser, según su escrito, «conformes y ajustadas a derecho».
El resultado deja a las dos partes con una victoria a medias. Vox y la asociación consiguen que se mantenga fuera del censo a los «nietos» que no han probado el exilio, pero no logran frenar el voto de sus hijos. El Gobierno, por su parte, ve cómo el Supremo sigue cuestionando la Instrucción de Justicia que abrió la puerta a cientos de miles de nacionalizaciones.
Lo que queda por decidir
El caso no está cerrado. Queda pendiente que la Junta Electoral decida qué ocurre con los «nietos» que viven en España, y el fondo del asunto —si las nacionalizaciones basadas en la Instrucción son legales— todavía debe resolverse.
Para el 29-N, el escenario queda así: los «nietos» solo podrán votar si los cónsules certifican que acreditaron el exilio de sus antepasados; sus hijos, unos 190.000, votarán con normalidad. En unas elecciones en las que cada escaño puede ser decisivo, el voto exterior vuelve a estar en el centro del debate.
INFO EN CLARO seguirá informando sobre las decisiones del Supremo y de la Junta Electoral Central sobre el censo exterior.
Fuentes: EFE, El Español, Público y OkDiario.
