Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este jueves al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas, en Madrid, por orden de la Fiscalía Europea (EPPO), que investiga un presunto fraude con fondos de la Unión Europea destinados a la compra de las pulseras telemáticas que controlan a investigados y condenados por violencia de género.
La propia Fiscalía Europea lo anunció en un comunicado difundido desde Luxemburgo. Según recogen elEconomista y Público, el texto explica que las medidas «se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas». Las actuaciones las dirige su oficina en Madrid con el apoyo de la UCO.
Una investigación abierta desde 2025
La causa no es nueva. Según Euronews, la Fiscalía Europea abrió la investigación en 2025 y la mantuvo en secreto hasta ahora. El organismo no ha concretado a quién investiga, qué cantidad de dinero está en juego ni qué buscaba exactamente en cada una de las sedes.
El Ministerio, por su parte, ha querido matizar lo ocurrido: según su versión, recogida por Euronews, los agentes acudieron a requerir documentación sobre el contrato firmado en 2023 con Vodafone, y no a realizar un registro.
El contrato de 2023
Todas las miradas apuntan al contrato del sistema Cometa, adjudicado en octubre de 2023 a la unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas, por unos 35 millones de euros sin IVA, 42,6 millones con impuestos. Se tramitó por procedimiento abierto acelerado y se financió en parte con fondos Next Generation, según Euronews. En aquel momento la ministra en funciones era Irene Montero. La Fiscalía Europea, eso sí, no ha confirmado que ese sea el contrato investigado.
El servicio, que durante quince años gestionó Telefónica, pasó a manos de Vodafone y Securitas en febrero de 2024. Tras el cambio, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de septiembre de 2025, durante varios meses no se pudo seguir el rastro de algunos agresores, lo que provocó sobreseimientos y absoluciones. Aquellos fallos llevaron al Congreso a reprobar a la ministra Ana Redondo y a pedir su cese.
Hubo más incidentes. El 11 de noviembre de 2025, el sistema estuvo caído durante casi 13 horas, por lo que Igualdad multó a Vodafone con 25.285 euros. Ese mismo mes, la Comisión Europea anunció que examinaría los fallos y su posible efecto sobre los fondos, ya que las pulseras forman parte de uno de los hitos vinculados al octavo pago del Plan de Recuperación, según Euronews.
Los 30.000 dispositivos comprometidos con Bruselas
Las pulseras forman parte de uno de los hitos del Plan de Recuperación, ligado al desembolso de fondos europeos, que exigía al menos 30.000 dispositivos. Según Vozpópuli, el Tribunal de Cuentas advirtió de que las cifras no alcanzaban ese objetivo: a finales de abril de 2026, los datos reflejaban 14.292 unidades adquiridas desde 2021.
Igualdad defendió que el hito se cumplía sumando dos servicios distintos: Cometa, que vigila que el agresor respete la distancia fijada por el juez, y Atenpro, un dispositivo de alerta para las víctimas. Con ese criterio, el Ministerio certificó 32.300 dispositivos, 22.800 de Cometa y 9.500 de Atenpro, según el mismo medio. Vozpópuli precisa que no consta que la Fiscalía Europea haya cuestionado formalmente ese cálculo.
Redondo: «Colaboración absoluta»
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, compareció de urgencia para asegurar que los fondos europeos se destinaron «correctamente», que la investigación «no es nada nuevo» y que su departamento ofrecerá una «colaboración total y absoluta», con «transparencia absoluta», según elEconomista. Igualdad sostiene además que los dispositivos funcionaron y que ninguna víctima quedó desprotegida.
La actuación llega a dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y mientras sigue pendiente la nueva licitación del servicio. Según Euronews, la mesa de contratación de Igualdad propuso en mayo mantener a la misma UTE en un contrato de unos 71,4 millones, que superaría los 111 millones con prórrogas.
