Marruecos ha abierto una investigación contra las salsas de tomate españolas por posible competencia desleal. El Ministerio marroquí de Industria y Comercio inició el procedimiento el pasado jueves para determinar si estos productos se venden en el país a precios que puedan amenazar a la industria local, según informó la agencia EFE desde Rabat.
La paradoja es evidente: la decisión llega en plena ofensiva del campo europeo contra la competencia desleal del tomate marroquí. Ese mismo jueves, las principales organizaciones del sector productor de tomate de España, Francia, Italia, Portugal y Polonia lanzaron la campaña «We Tomato Europe» para pedir a ciudadanos, empresas e instituciones que respalden el producto europeo frente al de Marruecos.
Qué investiga Rabat
Según la nota del ministerio recogida por EFE, la investigación abarca las salsas de tomate listas para el consumo, tanto las destinadas a los hogares como las de la restauración y la industria agroalimentaria. El kétchup queda expresamente excluido.
El procedimiento responde a una solicitud de la Federación de las Industrias de Conservas de Productos Agrícolas de Marruecos (FICOPAM), presentada en nombre de tres empresas que representan juntas el 90 % de la producción marroquí de salsas de tomate. Según el medio marroquí Le360, las tres piden la imposición de medidas antidumping sobre las salsas españolas. Los productores demandantes sostienen que las importaciones desde España han crecido desde 2023 y se ofrecen a precios inferiores a los del mercado nacional.
Para comprobarlo, las autoridades compararán los precios de venta de 2025 en España y en Marruecos, sin impuestos y en condiciones equivalentes de salida de fábrica. Tendrán que aportar información los productores y exportadores españoles, los importadores marroquíes y la industria local.
Qué puede pasar
Rabat subraya que abrir el expediente no supone constatar que exista competencia desleal ni que vayan a imponerse medidas contra las empresas españolas. Según la legislación marroquí citada por Le360, la investigación debe concluir en un plazo máximo de 12 meses.
Eso sí, durante ese tiempo Marruecos podría adoptar medidas provisionales si un informe preliminar concluye que hay dumping, una amenaza de perjuicio para la industria local y una relación entre ambas cosas. Es decir, podría haber medidas contra las salsas españolas antes de que termine la investigación.
El otro lado: el tomate marroquí en Europa
La investigación marroquí contrasta con la situación que denuncia el campo español desde hace años. Según explicó en abril a Infobae Juan Jesús Lara, presidente del Comité de Tomate de Fepex, España perdió en 2022 su puesto como principal exportador de tomate a la Unión Europea, que ahora ocupa Marruecos. Las exportaciones marroquíes a la UE han aumentado un 52 % desde 2012, cuando entró en vigor el protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación.
Las cifras ayudan a entender el desequilibrio. Según los datos recogidos por Infobae, entre 2022 y 2024 la Unión Europea importó desde Marruecos tomates frescos o refrigerados por valor de 2.795 millones de euros. El tomate es el principal producto que exporta el reino alaouita, y España es su primer destino, con el 25,1 % de esas ventas en 2024, por delante de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia.
El sector apunta además al Sáhara Occidental como una de las zonas de producción que Marruecos utiliza para aumentar su volumen de exportación, algo que, según los productores, ahonda en la competencia desleal sobre los agricultores europeos. En el Parlamento Europeo sigue abierto un expediente sobre el acuerdo agrícola UE-Marruecos tras una denuncia por competencia desleal presentada en junio, según publicó Moncloa.com.
Un conflicto que sube de tono
El expediente sobre las salsas no afecta al tomate fresco, que es donde se concentra la batalla comercial entre ambos países. Pero el movimiento de Rabat invierte el discurso: mientras los agricultores españoles y europeos piden protección frente al tomate marroquí, es Marruecos quien sospecha ahora que la industria española vende por debajo de precio.
Por ahora no consta una respuesta pública del Gobierno español ni de la Comisión Europea, que tiene la competencia en política comercial de la UE. La pelota está en el tejado de los exportadores españoles, que tendrán que justificar sus precios ante las autoridades marroquíes.
