Bélgica ha dado un paso que pocos países europeos se han atrevido a dar. El Parlamento federal aprobó en la madrugada del viernes 6 de noviembre una ley que permitirá a la policía entrar en domicilios para detener y expulsar a extranjeros en situación irregular que tengan una orden de expulsión, se nieguen a cumplirla y sean considerados un peligro para el orden público o la seguridad.
La norma, impulsada por el Gobierno del primer ministro Bart De Wever, salió adelante tras más de diez horas de debate con el apoyo de los cinco partidos de la coalición, en medio de protestas en la calle y de duras críticas de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos.
Qué permite exactamente la ley
El texto no autoriza registros indiscriminados. Para que la policía pueda entrar en una vivienda deben cumplirse varios requisitos a la vez: que exista una orden de abandonar el país ejecutable, que la persona se haya negado a colaborar con su salida y que haya motivos razonables para considerarla una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.
Además, cada entrada necesitará la autorización previa de un juez de instrucción, incluso aunque los ocupantes no den su consentimiento. Las intervenciones solo podrán hacerse entre las 5:00 y las 21:00, los agentes podrán pedir ayuda a un cerrajero y el juez podrá fijar condiciones especiales si hay menores en la casa. En los registros participarán también funcionarios de la Oficina de Extranjería, que podrán buscar documentos de identidad e incluso entrar en viviendas de terceros donde resida la persona buscada.
«Nuestros servicios deben poder intervenir»
La ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, del mismo partido que De Wever, celebró la aprobación como un avance histórico para hacer cumplir las órdenes de expulsión. Según el Gobierno, hasta ahora las autoridades se encontraban con un obstáculo: los afectados se escondían en sus casas y, simplemente, no abrían la puerta.
«Si alguien representa un peligro para nuestra sociedad, nuestros servicios deben poder intervenir»
— Anneleen Van Bossuyt, ministra belga de Asilo y Migración
Como ejemplos, la ministra citó a delincuentes condenados que ya han cumplido su pena y a predicadores extremistas sin derecho a permanecer en Bélgica. Van Bossuyt rechaza de plano que la ley se parezca a las redadas del ICE, la policía de inmigración de Estados Unidos: según ella, esa comparación es «completamente engañosa». Un antecesor suyo ya intentó aprobar una norma similar en 2017, sin éxito.
Protestas y críticas
La ley ha generado una fuerte contestación. El 4 de noviembre, unas 3.000 personas formaron una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas, y se han organizado más de 50 concentraciones en todo el país. Durante la votación, varios activistas que mostraban un cartel contra el «ICE belga» fueron expulsados de la tribuna.
Amnistía Internacional advierte de riesgos para la intimidad, la vida familiar y la inviolabilidad del domicilio, y cuestiona que existan garantías suficientes para recurrir antes de que se produzca el registro. Juristas y organizaciones sociales alertan de que el concepto de «amenaza al orden público» puede ser demasiado amplio. Sotieta Ngo, de la organización CIRE, habló de un «ataque contra la dignidad humana».
Lo que dice el Gobierno
Es una herramienta limitada, con control judicial, para expulsar a personas peligrosas que se esconden para no cumplir la orden de salida.
Lo que dicen los críticos
Abre la puerta a abusos, pone en riesgo derechos básicos y usa un concepto de peligrosidad demasiado amplio.
Un Gobierno en plena crisis
La aprobación llega en un momento delicado para De Wever, que gobierna desde febrero de 2025. Su coalición atraviesa la peor crisis desde entonces tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias. El primer ministro llegó a poner su cargo a disposición del rey, que lo rechazó y le pidió retomar las conversaciones. Los resultados deben presentarse el 16 de noviembre.
¿Y en España?
En España, la Constitución protege la inviolabilidad del domicilio en su artículo 18.2: solo se puede entrar en una vivienda con el consentimiento del titular, con autorización judicial o en caso de flagrante delito. No existe una norma específica como la belga para ejecutar expulsiones de inmigrantes en situación irregular.
Las expulsiones en España se tramitan por vía administrativa y, en muchos casos, la persona es trasladada a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde la ley permite retenerla un máximo de 60 días. Si en ese plazo no se ejecuta la expulsión, debe quedar en libertad.
El debate migratorio, sin embargo, está en plena efervescencia, con la llegada récord de cayucos a Canarias y la presión en Ceuta. Te contamos aquí la declaración de emergencia migratoria en Canarias y los intentos de salida desde Ceuta para evitar la expulsión.
