Un operativo de la Guardia Civil y la Policía Local de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha destapado 26 enganches ilegales al suministro de gas en viviendas de la comunidad de Arroyovereda, en la calle Narciso Monturiol. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por EFE, la mayoría de esos pisos son propiedad de la Sareb, la sociedad de gestión de activos dependiente del Gobierno de España.
La intervención se desarrolló el jueves 12 de noviembre con la participación de una veintena de agentes de ambos cuerpos, después de que una denuncia alertara de la existencia de conexiones irregulares a la red. Los moradores de las viviendas afectadas están siendo investigados por un presunto delito de defraudación de fluido.
Más de ocho horas de revisión bajo escolta
Según El Español, el dispositivo se prolongó más de ocho horas. Durante ese tiempo, los técnicos de la empresa gestora del gas revisaron una a una las instalaciones de la comunidad, siempre acompañados por los agentes. El diario elEconomista añade que la Policía Local tuvo que escoltar a los operarios para evitar problemas de orden público.
Una vez localizados los 26 casos, los técnicos procedieron en ese mismo momento a instalar contadores digitales, con el objetivo de impedir que los moradores de esas viviendas continuaran con el presunto fraude. Es decir, el suministro no se dejó tal cual: se sustituyó la toma manipulada por un sistema de medición que registra el consumo real.
Inquilinos con contrato, no solo okupas
Uno de los datos que más llama la atención es el perfil de los presuntos defraudadores. De acuerdo con el Ayuntamiento, más de la mitad de los enganches corresponden a inquilinos con contrato de «alquiler Sareb», el programa de arrendamiento de bajo coste de la sociedad estatal. No se trata, por tanto, únicamente de viviendas ocupadas de forma ilegal, sino también de pisos alquilados con contrato en vigor.
Ese matiz tiene consecuencias. Según recuerda el propio Consistorio, la Sareb establece que la comisión de un delito conlleva la cancelación del contrato de arrendamiento y el correspondiente desahucio. La sociedad ya advirtió en junio, tras otro operativo en el mismo edificio, de que la confirmación de este tipo de delitos supondría de forma automática el fin de esos contratos.
El alcalde exige a la Sareb que rescinda los alquileres
El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ha instado a la Sareb a que proceda a «la rescisión de todos esos contratos de alquiler de bajo coste en que se haya descubierto un delito de fraude en los suministros». El regidor pide así a la sociedad que cumpla las condiciones que ella misma fija para sus arrendamientos.
Fernández ha puesto además el foco en la seguridad del resto de residentes: «Hablamos de manipulación de la instalación de gas, con el riesgo que eso supone para el resto de los vecinos». A diferencia de un enganche de agua, una toma de gas manipulada sin garantías técnicas afecta potencialmente a todo el edificio, no solo a la vivienda que se beneficia del fraude.
Un edificio con historial de operativos
No es la primera vez que las fuerzas de seguridad intervienen en Arroyovereda. El pasado 16 de junio, otra veintena de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil acompañó a técnicos de las compañías de agua y electricidad, que desconectaron hasta 20 enganches: 15 de agua y 5 de luz, todos en inmuebles de la Sareb, según publicó El Español. En aquella ocasión se constataron también siete casos de impago reiterado de facturas.
Antes, en septiembre de 2025, se desconectaron 17 enganches ilegales de agua en el mismo complejo, y en octubre de 2025 la Policía y la Guardia Civil identificaron a 15 personas tras cortar suministros ilegales de luz y agua, según los titulares publicados por ese mismo diario. Los vecinos propietarios llevan tiempo denunciando la situación: en diciembre de 2025, según el mismo medio, acudieron a la Justicia contra la Sareb tras cuatro años de okupación en el edificio.
Qué es la defraudación de fluido
El delito que se investiga, la defraudación de fluido, castiga a quien se aprovecha de suministros como la electricidad, el gas o el agua sin pagarlos, ya sea manipulando contadores o conectándose directamente a la red. Las consecuencias dependerán de lo que determinen la investigación policial y, en su caso, los tribunales, por lo que por ahora los moradores son solo investigados.
Lo que falta por saber
Ni el Ayuntamiento ni las fuerzas de seguridad han detallado cuántas personas han sido identificadas en este operativo ni la cuantía del gas presuntamente defraudado. Tampoco consta, por ahora, una respuesta pública de la Sareb a la petición del alcalde. La pregunta que queda en el aire es si la sociedad estatal aplicará esta vez sus propias reglas y rescindirá los contratos de los inquilinos implicados.
